(Editorial, 19/03/2026) | El reciente anuncio del Gobierno para reconocer como cotizados los años en los que los deportistas profesionales de los años 80 y 90 no pudieron hacerlo ha sido presentado como la reparación de una injusticia histórica. Lo mismo puede decirse de la decisión reciente de reconocer derechos a las empleadas del hogar por periodos en los que la propia legislación les negó la posibilidad de cotizar. Son medidas justas, necesarias y dignas de reconocimiento.
Pero precisamente por eso, porque evidencian que el Estado puede corregir sus errores cuando existe voluntad política, resulta imposible ignorar la pregunta que se impone: ¿por qué esa misma justicia sigue sin llegar a los pastores protestantes y evangélicos sin pensión porque el Estado no les permitió cotizar?
En los citados casos, el principio es claro y difícilmente discutible: cuando el Estado impide cotizar, no puede después desentenderse de las consecuencias. La reparación no es una concesión, sino una obligación. Y los recientes avances demuestran que existen mecanismos legales y presupuestarios para hacerlo efectivo.
— Borja Suárez Corujo (@CorujoBorja) March 18, 2026
Los deportistas profesionales
de los 80 y 90 podrán computar como cotizados para la jubilación los periodos de actividad anteriores a su integración en el
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Sin embargo, esta lógica se quiebra cuando miramos a los pastores evangélicos que ejercieron su ministerio durante el franquismo y buena parte de la Transición. Durante esos años, no solo carecieron de cobertura social, sino que fueron excluidos deliberadamente de ella. Mientras tanto, el clero católico fue integrado sin demora en el sistema de la Seguridad Social. La diferencia de trato no es una interpretación interesada: ha sido reconocida por instancias judiciales nacionales e internacionales.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya señaló esta discriminación, y el Tribunal Supremo ha cuestionado la insuficiencia de las medidas adoptadas posteriormente para corregirla. No estamos, por tanto, ante una reivindicación confesional o corporativa, sino ante una injusticia acreditada jurídicamente. Y, sin embargo, sigue sin resolverse.
Lo más difícil de justificar no es solo el retraso, sino la persistencia de la inacción. A diferencia de otros colectivos numerosos, aquí hablamos de un grupo muy reducido, de personas de edad avanzada, cuya reparación tendría un impacto económico mínimo. La magnitud del problema no es financiera, sino moral y política. Es una cuestión de coherencia con los principios que el propio Estado afirma defender: igualdad ante la ley, libertad religiosa y respeto a los derechos humanos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya señaló esta discriminación, y el Tribunal Supremo ha cuestionado la insuficiencia de las medidas adoptadas posteriormente para corregirla. No estamos, por tanto, ante una reivindicación confesional o corporativa, sino ante una injusticia acreditada jurídicamente. Y, sin embargo, sigue sin resolverse.
Porque estos pastores no fueron meros sujetos pasivos de una omisión administrativa. Fueron, en muchos casos, actores clave en la defensa de la libertad religiosa en un contexto adverso. Sostuvieron comunidades, acompañaron a familias y defendieron convicciones en tiempos en los que hacerlo implicaba costes personales significativos. Su contribución forma parte de la historia democrática de España, aunque rara vez se reconozca como tal.
Resulta, por ello, especialmente llamativo que mientras se reivindica la memoria democrática, se mantenga en el olvido a quienes también contribuyeron a ensanchar los espacios de libertad. La reparación pendiente no responde a un privilegio, sino a una exigencia básica de justicia: tratar de igual manera a quienes fueron desigualmente tratados por la ley.
Celebramos, sin reservas, cada avance social que corrige situaciones injustas. Es una buena noticia que las empleadas del hogar vean reconocida su dignidad laboral y que los deportistas que representaron a España reciban la protección que se les negó. Pero esa alegría no puede ser completa mientras otros siguen esperando.
La pregunta, en el fondo, es sencilla: si el Estado ha sabido encontrar soluciones en unos casos, ¿qué impide hacerlo en este? No parece ser la falta de precedentes, ni de fundamento jurídico, ni de recursos. Lo que falta, una vez más, es la decisión.
Y mientras esa decisión se retrasa, el tiempo sigue pasando. Muchos de estos pastores y sus viudas envejecen —y algunos fallecen— sin haber visto reconocidos sus derechos. Cada demora añade una dimensión de irreparabilidad a la injusticia.
No se trata solo de cerrar una deuda del pasado, sino de afirmar un principio para el presente: que en un Estado de derecho la justicia no puede ser selectiva. O se aplica a todos, o deja de ser plenamente justicia.
Por eso, la reivindicación no cesa. Ayer mismo, en la celebración de la 69ª Reunión de la Comisión Plenaria de FEREDE, tanto el Presidente como la Secretaria ejecutiva, en sus respectivos informes, lamentaron la situación y volvieron a señalarlo como un tema prioritario en la agenda institucional de la Federación evangélica.
Asimismo, tras conocer el anuncio del Gobierno respecto a la solución a los deportistas, FEREDE ha dicho que presentará una nueva queja formal en los próximos días.
Reivindicar. No desde el resentimiento, sino desde la convicción de que una democracia madura no elige a quién reparar. Simplemente repara.
Fuente: Actualidad Evangélica
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